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Hemos leído en el último número del semanario ALBA un reportaje de Luís Losada Pescador, muy revelador, que no hace sino confirmar lo que muchos nos temíamos desde que en Noviembre de 2007 aparecieron aquellas terribles y espantosas imágenes de los fetos triturados y tirados a la basura, descubiertos por la Guardia Civil, y que fueron difundidos por televisión. Recordamos asimismo el reportaje con cámara oculta realizado por Intereconomía TV, en el cual se ponía de manifiesto la crueldad, la frialdad e inhumanidad de aquellos abortorios. A continuación podrán leer el reportaje de Losada Pescador, no sin tener en cuenta antes que otra de las falacias con que nos obsequia la propaganda “progretaria” del PSOE es que esta ley tendrá como efecto una disminución del número de abortos. Mentira. Esta repugnante patronal que se lucra con la muerte de los seres humanos más indefensos y que se aprovecha del abandono, soledad y desesperación de muchas mujeres, ha abierto recientemente otro matadero. Ya están tomando posiciones, sabedores de que será justamente al revés, aumentará el número de abortos, y hay que posicionarse para hacer caja, ahora que además saben de sobra que quedarán impunes “usque ad calendas graecas” (información para las víctimas de ls LOGSE socialista: esa frase es un antiquísimo aforismo romano que viene a significar más o menos lo mismo que “para siempre”).

Y por cierto, tomen nota los votantes despistados que todavía creen que el PP es un partido pro-vida. Ese nuevo matadero, ese abortorio se ha abierto en Madrid, con todas las bendiciones administrativas habidas y por haber del consejero de Sanidad Güemes, del PP, que repite con la boca chica el mantra de la dirección del PP (“el aborto es un tremendo fracaso”), pero su conciencia no le impide autorizar algo que, supuestamente, considera injusto e inicuo.

http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=133573

Les dejamos con el reportaje:


ALBA, por Luis Losada Pescador.- En noviembre de 2007 detienen a Carlos Morín, dueño de los centro de abortos Ginemedex y CB Medical. Morín es licenciado en medicina especializado en abortos. Antes de que se despenalizara en aborto en España era uno de los ejecutores ilegales. "Tiraba los restos en el Monjuiic", recuerda a ALBA uno de sus estrechos colaboradores.
Tras la despenalización de 1986, Morín decidió especializarse en abortos de tercer trimestre. Abortos tardíos considerados ‘infanticidio' por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Para ello, estableció una red europea que le remitiera comercialmente los casos de embarazos más avanzados, incompatibles con las legislaciones europeas. La Fundación Morín era el instrumento de lo que se convirtió durante años en ‘turismo abortivo' con un ‘pack' completo: avión, aborto y hotel.
Morín era de los pocos en realizar abortos tardíos. No es extraño. Si todo aborto implica el fin de una vida humana inocente, en el caso de los tardíos, es necesario triturar al bebé para que pueda ser extraído. Por eso los ‘profesionales' de Morín utilizaban el "rompecocos". Su actividad era tan ingente que necesitaron un triturador industrial para comprimir los ‘restos'. Los vecinos llegaron a quejarse por la afluencia de moscas en el patio interior. Lo que no sabían es que "los restos de sangre se filtraban por las cañerías y las moscas aparecían al olor de sangre", relata una de las ex colaboradoras de Morín.
Por supuesto, Morín tenía problemas para encontrar personal tan desalmado como para ejercer a diario dicho infanticidio. Estrategia: pagar mucho y elevar de categoría. Por ejemplo, se trajo a un médico mexicano al que pagaba 10.000 euros mensuales netos en ‘B' más casa. No aguantó: cayó presa de la depresión y regresó a su país natal. Sus ‘enfermeras' eran empleadas de limpieza elevadas de categoría y muchos de sus ‘profesionales' eran extranjeros sin el título convalidado.
¿Por qué tanta infracción? Dinero, ‘poderoso caballero'.
El móvil de toda la industria del aborto. Un sector que cada año mueve al menos 50 millones de euros. Las estadísticas oficiales están infrarrepresentadas, según reconoce la investigadora del CSIC, Margarita Delgado. Los propios empresarios también lo reconocen: "Lo que se declara a Sanidad, se declara a Hacienda". Por eso en el ministerio de Sanidad calculan que las cifras reales de abortos podrían duplicar a las oficiales. Es decir, estaríamos en más de 230.000 abortos con una facturación que rondaría los 100 millones de euros. Cerca de un 30% de ese dinero proviene de fondos públicos: las administraciones sanitarias mantienen convenios de colaboración con los centros para derivarles embarazadas desde el sistema público. En el caso de Madrid es de un 20% aunque en Valencia y Andalucía se sitúa en el 50%. El resto es dinero privado cobrado en su mayoría en ‘cash' y sin recibo, tal y como relatan múltiples testimonios a la Asociación de Víctimas del Aborto.
Morín facturaba por aborto tardío cerca de 5.000 euros en ‘dinero negro'. Cada noche acudía a la caja para ‘ordeñar' el negocio. Y así es como construyó un emporio empresarial con sociedades holding en Luxemburgo, paraíso fiscal. La contabilidad oficial arrojaba una facturación anual superior a los 3 millones de euros. Su casa era más grande que la de Laporta. Tenía una piscina y pista de baile dentro de la casa y un parque automovilístico de escándalo. Un patrimonio que no le impidió dejar a su madre -traída de su Perú natal- casi escondida en una de las habitaciones de la planta más baja.
Toda esa industria le permitía lubricar convenientemente las instituciones. A través de la Fundación Morín organizaba fiestas con las que engrasaba sus buenas relaciones con la Consejería de Bienestar Social, que también le remitía ‘clientes'. También logró burlar sendas sanciones del Colegio de Médicos de Barcelona. Las denuncias quedaban siempre archivadas y las inspecciones del departamento de la Generalitat nunca pasaron a mayores.
La inmunidad salta por los aires cuando la Justicia actúa
Pero cuando en noviembre de 2007 el juzgado nº 33 de Barcelona decide aceptar la querella presentada, detenerle y enviar a la Guardia Civil a requisar la documentación, toda su inmunidad salta por los aires. La suya y la de toda la industria del aborto porque -en paralelo- la Comunidad de Madrid decide enviar inspectores sanitarios y clausurar las instalaciones madrileñas de Morín y Mayrit por diversas irregularidades. Además, Intereconomia TV emite un video con cámara oculta en el centro de abortos ‘El Bosque' en el que se demuestra el pago en dinero negro, la irrelevancia del preceptivo informe psicológico y el aborto de menores sin consentimiento.
Las feministas -entonces- se empiezan a preocupar. Se dividen entre quienes optan por desvincularse de Morín y entre quienes salen en su defensa a pesar de los ‘rompecocos' y las trituradoras industriales. De la Vega fue de estas últimas.
Tras el ‘caso Morín', las diferentes organizaciones provida se envalentona y empiezan a presentarse querellas por incumpliendo de lo establecido en la ley, especialmente en lo relativo al aborto por razones de salud psicológica, un ‘coladero' por el que se escapa el 97% de los abortos en España. La Asociación de Víctimas del Aborto contabilizaba hasta 8 procesos judiciales en marcha en octubre de 2008: dos contra Isadora, uno contra Callao, otro contra CB Medical (la ‘filial' de Morín en Madrid), otro contra ‘El Bosque', otro contra Mayrit y dos en Cataluña: Barnamedic (Barcelona) y Centro Médico Aragón (Gerona).
Es entonces cuando la industria del aborto se preocupa: su inmunidad parece llegar a su fin. Según el activista provida, Jesús Poveda, una reunión entre los ministerios de Justicia, Igualdad y Sanidad con los afectados decide poner en marcha la ‘Ley Aído'. En marzo de 2008 la recién nombrada ministra de Igualdad, Bibiana Aído, mantiene una primera reunión con el presidente de la patronal de centros de abortos ACAI, Santiago Barambio. Fruto de ese encuentro se concluye la necesidad de reformar la ley "para ofrecer mayor seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales", reitera Aído cual ‘mantra'.
Un "fraude electoral" -según el PP- porque la reforma de la Ley del Aborto no estaba presente ni en el programa electoral -que hablaba de "abrir una reflexión"- ni en el discurso de investidura. Es más, cuando Izquierda Unida trató de reformar la ley a finales de la pasada legislatura, De la Vega llegó a afirmar a ALBA que "no era necesario reformar la ley, sino cumplir la legislación vigente".
"En realidad se trata de una Ley de Amnistía para los ‘morines' que se encuentran con contingencias judiciales y que eleva a rango de ley los incumplimientos de la actual legislación", señala el presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, Javier Pérez-Roldán. "Resulta increíble que un gobierno decida cambiar una ley tras reunirse con una patronal; ¿qué pensarían los españoles si se subieran las tarifas eléctricas tras una reunión con la patronal UNESA?", se pregunta el periodista italiano, Rodolfo Casadei.
La Ley Aído se radicaliza en su tramitación parlamentaria
Durante la defensa parlamentaria del anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se mostró abierta a modificaciones. Un claro guiño a la posibilidad de cerrar la puerta al aborto de las menores tal y como exigían los mismos cristianos socialistas y el PNV.
Sin embargo, finalmente se optó por pactar la reforma con los grupos radicales y forzar al PNV a sumarse al ‘consenso'. "Se habría aprobado sin nosotros", se justifica el portavoz ‘peneuvista', Joseba Agirretxea. Y todo ello con el pie en el acelerador. "Que tenían prisa era evidente", señala a ALBA una diputada del PP. Y las prisas convirtieron la tramitación en la Comisión de Igualdad fue un absoluto ‘guirigay'. Finalmente se aprueba el aborto a las menores sin el consentimiento de sus padres, aunque se concede al PNV que los padres o tutores deban ser informados. Eso sí, se deja la puerta abierta a que la información no se produzca en caso de que exista un grave conflicto paterno-filial. Un nuevo coladero.
Otra de las reformas introducidas es la reducción a uno del ‘equipo' de médicos que evaluará la 'incompatibilidad con la vida' del feto mayor de 22 semanas. Además, el médico no podrá ser contrario al aborto por lo que la interpretación de ‘incompatible con la vida' puede ser ‘flexible'. El supuesto objetivo de la ley de acabar con los abortos tardíos -y los ‘morines'- puede terminar en nada.
Por último, se permite la objeción de conciencia, pero debe ser individual, de los ‘médicos' ligados directamente al aborto y por escrito. Es decir, se veta la posibilidad de que un centro sanitario católico pueda declararse objetor. Y se establecen las ‘listas negras' que tanto éxito han dado a los abortistas de la vecina Portugal. Estamos ante una de las legislaciones más agresivas de la UE. "Es mentira que la Ley Aído sea europea", concluye la portavoz de ‘Bebé Aído', Beatriz Molina. “


Publicado por colaborador SM: Mon Mothma.

transcribimos el artículo de Francisco Andrés Piña Cabezas, abogado, publicado en el nº 176 de la revista "La Toga", que edita el Colegio de Abogados,cuyo contenido nos parece interesantísmo.

EL NASCITURUS: DERECHO A LA HERENCIA, PERO NO A LA VIDA.
Francisco Andrés Piña Cabezas, abogado

Como punto de referencia debemos de partir de dos artículos. En primer lugar, el artículo 15 de nuestra Constitución establece que «Todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral, sin que, en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos…». Y en segundo lugar, el artículo 30 Cc que establece que, a efectos civiles, se entiende que persona es el nacido con «figura humana que viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno».

Al respecto, el primer dato que llama la atención, es que el mencionado precepto constitucional utiliza la palabra “todos” y no otra expresión como “todas las personas”, por lo que, a priori, parecería lógico que se incluyera al “nasciturus” como titular de ese derecho a la vida. Por otro lado, el artículo 30 del Cc. deja muy claro que el concepto jurídico de persona que establece se entenderá únicamente “a efectos civiles”. Por lo que, en principio, el concepto constitucional de persona debe de ser distinto al concepto jurídico-civil. De no ser así, quedarían impunes conductas tales como el homicidio cometido contra el nacido cuyo período de vida fuera inferior a veinticuatro horas. Así, en este sentido, a los efectos jurídico-penales de determinar el sujeto pasivo del delito de homicidio, la jurisprudencia (STS 22252/2001, de 29 de noviembre; 726/1998, 22 de enero de 1999)se ha pronunciado afirmando que el comienzo del parto pone fin al estadio fetal y ese comienzo surge con el llamado período de dilatación y continúa con el período de expulsión, en ambos tiempos el nacimiento ya ha comenzado.

Ahora bien, a efectos constitucionales ¿qué debemos de entender por persona? El artículo 10.2 CE establece que «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin utilizar la palabra persona, establece que «todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos» por lo que, en consecuencia, como bien señala Alberto Calvo Meijide, se están utilizando las expresiones «seres humanos» y «persona» en un sentido idéntico, pues son expresiones que designan a una misma y única realidad: el hombre.

Por lo tanto, queda claro que nuestra Constitución se desvincula del concepto jurídico-civil de persona, para acoger un concepto amplio como el de «todos los seres humanos». En este sentido, Martínez Pujalte, afirma que «los derechos humanos son universales y, por ello, predicables de todo ser humano por el mero hecho de serlo con independencia de que los reconozca o no el Derecho positivo. Por ello, la personalidad jurídica no es una creación de la norma jurídico-positiva, sino que es una cualidad inherente al ser humano, que le hace titular de aquellos derechos, por lo que la cualidad jurídica de persona debe ser reconocida a todo miembro de la especie biológica «homo sapiens».

Sin embargo, a pesar de ser muy respetables estas opiniones, desgraciadamente el Tribunal Constitucional no lo ha interpretado así. Al respecto, la STC 53/1985, FJ 7º, a través de la cual se pronuncia sobre el recurso previo de inconstitucionalidad interpuesto, en su día, por lo los Diputados del Partido Popular contra la LO 9/1985, que despenaliza en determinados supuestos la interrupción del embarazo , establece que los argumentos propuestos por los recurrentes -la utilización de la palabra “todos” para abarcar también al “nasciturus” como titular del derecho a la vida- «no puede estimarse para fundamentar la tesis de que al “nasciturus” le corresponda también la titularidad del derecho a la vida».

Entonces, si el Tribunal Constitucional considera que el “nasciturus” no es titular del derecho a la vida ¿se quiere decir con ello que el concebido pero no nacido carece de protección constitucional? Según la doctrina constitucional(STC 75/1984, FJ 6º) la respuesta ha de ser negativa, ya que la vida humana es «un bien que constitucionalmente merece de protección». Es decir, la vida del nasciturus no es un derecho fundamental, sino que como señala Ollero Tasara es un bien jurídico, y por tanto, susceptible de «apropiación y tráfico jurídico».

De forma vacilante, el TC se pronunció (STC 53/1985, FJ 12º) afirmando que «el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del nasciturus», aunque éste no sea titular de ningún derecho.

Ahora bien, si el TC ha vacilado sobre la despenalización del aborto en supuestos de tal magnitud como puede ser el grave peligro para la vida de la embarazada o para su salud; o en caso de que el embarazo sea a consecuencia de un delito de violación y siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas así como en caso de probable existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto ¿ sería constitucional una Ley que estableciera el derecho al aborto como un derecho “fundamental” de la mujer embarazada? Es decir, ¿sería constitucional convertir el delito en derecho pese al pronunciamiento del TC sobre la obligación que tiene el Estado de garantizar la vida (incluida la del nasciturus)?

En términos jurídicos, siguiendo incluso la anterior doctrina expuesta del TC, considero que la mal denominada “Ley de Interrupción Voluntaria”, de promulgarse, difícilmente podría tener un “encaje” constitucional.

Por otro lado, si bien es cierto que a efectos civiles se entiende que es persona el nacido con forma humana que viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno(art.30 C.c), no es menos cierto que el artículo 29 del mismo texto legal establece que «el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables» . Es decir, en términos civiles, a los efectos exclusivamente patrimoniales, se consagra la regla general de protección del “nasciturus”. Así, en consecuencia, existen disposiciones del Código Civil a través de las cuales se establece la posibilidad de realizar donaciones a favor del mismo(art. 627 C.c) así como su capacidad para heredar( artículos 744 y 745 C.c), estableciéndose incluso las precauciones que deban adoptarse cuando la viuda queda encinta (artículos 959 a 967 C.c). Por lo que, llegaríamos a la absurda e incongruente conclusión de que el “nasciturus” tendría un eventual derecho a la herencia para el supuesto de que llegara a nacer pero no tendría derecho a la vida.

Ahora bien, en la praxis, probablemente la solución sería más política que jurídica. Sobre todo si partimos de la base de que un Estado de Derecho tiene tres caracteres fundamentales: a) ser democrático; b) tener una división de poderes(legislativo, ejecutivo y judicial);c) respetar los Derechos Fundamentales. De tal modo que si falta alguna de estos requisitos no podemos hablar propiamente de Estado de Derecho.

En relación a los derechos fundamentales podemos afirmar que éstos tratan de reconocer unos derechos, inherentes, inviolables, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles y absolutos a todo ser humano. Una de las funciones que tienen estos derechos es precisamente evitar que una democracia se transforme en una “dictadura de la mayoría”, es decir, evitar que un gobierno que representa a la mayoría pueda vulnerar los derechos de una minoría representada por la oposición. Para ello, se establecen una serie de garantías como pueden ser el respeto a su contenido esencial (art.53.1 CE), el principio de proporcionalidad (SSTC 62/1982, 35/1985, 65/1986, 160/1987, 6/1988, 19/1988, 209/1988, 37/1989, 113/1989, 138/1989, 178/1989 y 154/1990), la necesidad de un procedimiento de revisión para realizar la reforma de los derechos fundamentales que exige incluso un referéndum(art.168 CE),y la necesidad de que para su desarrollo se requiera de una Ley Orgánica que exija una mayoría absoluta para su aprobación en el Congreso de los Diputados (art.81 CE).

Y todo porque, a lo largo de la historia, los principales vulneradores de los derechos fundamentales han sido precisamente los poderes públicos, y no los particulares. Por ello, no deja de resultar paradójico cómo los miembros que componen el Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de los Diputados, por el Senado, por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial (art.159 CE).

Es decir, resulta que los miembros del máximo garante de los derechos fundamentales son elegidos por sus principales vulneradores. Por lo que, al no existir una división de poderes en bloque, sino más bien una división “difuminada”, difícilmente podríamos hablar de Estado de Derecho. Más bien podríamos hablar de un “Estado de Derecho con corruptelas”.

En consecuencia, a pesar de la gran formación jurídica que tienen todos y cada uno de sus miembros, reflejada en ocasiones en una excelente doctrina constitucional, otras veces, por el contrario, la dirección de su voto en las deliberaciones ha ido en función de la orientación política a quienes debían su nombramiento. Por tanto, no es de extrañar que, un tema con tan alto componente político como es el de “la interrupción voluntaria del aborto”, el pronunciamiento que diera el TC, en su caso, careciera de todo fundamento jurídico, por lo que, en consecuencia, el “nasciturus” seguiría teniendo un eventual derecho a la herencia pero no tendría derecho a la vida. Es más, probablemente, en contraposición con su doctrina anterior, ni siquiera sería considerado como un bien jurídico digno de protección constitucional.

Publicado por colaborador SM:Mon Mothma

En España en estos momentos de crisis estamos esperando todavía que lleguen “los brotes verdes”. Pero lo único que percibe el ciudadano a su alrededor es un paisaje yermo.
Ante tal panorama de desolación solo nos queda un cobijo, el árbol siempre fértil de la familia. El lugar que ofrecerá los frutos y la sombra vital de cada persona.
Son muchos los que quieren acabar con ella. Sobre todo aquellos que elaboran políticas gubernamentales que luchan por alterar los conceptos y comportamientos tradicionales de la familia.

Es necesario informar a estos señores de la importancia de la familia en nuestra sociedad, aunque ellos más que nadie, saben lo que significa y supone la familia. No entiendo esa animadversión hacia esta institución y menos, cuando son estos los primeros en colocar a parientes y familiares “a dedo” en las administraciones públicas y proporcionar subvenciones millonarias a sus allegados.

Por ello y sin ánimo de ser exhaustivos paso a comentar algunas de las muchísimas aportaciones de la familia en nuestro entramado social.

Es la familia la que da cobertura a las necesidades básicas de todo orden y que tiene como fin primordial la socialización de sus miembros.

Es el primer entorno natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y social.

Es la que introduce a los hijos en el mundo de las personas y los objetos, donde las relaciones que se establecen entre sus miembros van a ser en gran medida modelo de comportamiento con los demás.

La familia es el principal refugio donde se encuentra apoyo y ayuda en los momentos de crisis.

Los que quieren hacer desaparecer la familia como tal, no pretenden otra cosa que transformar y modelar la sociedad a su gusto. Parece ser que estos caballeros han leído poco al antropólogo recientemente fallecido Levi- Strauss, cuando afirmaba: “Que no puede haber sociedad sin familia, ni familia sin sociedad”.

Publicado por colaborador SM: Guiseppe Salino.

El pasado mes de octubre,en Sanlúcar la Mayor se celebraron una serie de actividades con motivo del Día de la Salud Mental.
Este blog se hará eco de todos aquellos colectivos que sufran la exclusión social, pobreza y marginación. Entre ellos se encuentran los enfermos mentales.

Una de cada cuatro personas padece una enfermedad mental a lo largo de su vida. En muchas ocasiones es un proceso largo y doloroso, no solo por la gravedad de su patología, sino por la imagen negativa de la sociedad.
Gran parte del sufrimiento que padecen estas personas tienen su origen en el rechazo, la marginación y el desprecio social que tienen que soportar.

La percepción social de la enfermedad mental está sesgada por el desconocimiento y la desinformación, e influyen en el aislamiento que padecen.
La estigmatización está basada en erróneas concepciones sociales, arraigadas en la percepción colectiva. Por ejemplo, que una persona con esquizofrenia es violenta e impredecible, que no podrá nunca trabajar, que no puede casarse y tener hijos/as, que la enfermedad mental no tiene esperanza de curación,etc.

Las enfermedades mentales están relacionadas de dos maneras, biológicas y psicosocial.
Estudios que se han hecho han demostrado con gran evidencia que enfermedades mentales como desorden bipolar, manía depresiva y esquizofrenia pueden ser hereditarias. En condiciones ambientales, áreas de guerra y desastres naturales, pueden aumentar el número de casos de enfermos mentales.
Las causas de las enfermedades mentales pueden ser múltiples.

El sistema sanitario formal proporciona un 12% del tiempo total de los cuidados, mientras que el restante 88% se lleva a cabo en el ámbito doméstico, denominado cuidado informal. De este dato se deduce la gran importancia de la familia para procurar la recuperación y mejora del paciente.
Algunos de los profesionales socio-sanitarios, incluidos los de salud mental, ven en estos enfermos solo la patología y no a la persona.

En muchas ocasiones el aquejado es atiborrado de fármacos.Tanto el enfermo como la familia se sienten solos en el proceso de este trastorno. Siendo esta, una de las enfermedades más temidas y ocultas de nuestra sociedad.

Publicado por Colaborador Solúcar Magazine: Giuseppe Salino

La Comisión Europea ha designado el año 2010 como el Año europeo de la pobreza y La Exclusión Social. El objetivo de la campaña es incidir de manera decisiva en la erradicación de la pobreza.

La Unión Europea, actualmente es una de las regiones más ricas del mundo, y sin embargo, el 17% de los europeos carecen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas necesarias. En todos los estados miembros, una parte de la población está sometida a la exclusión y a privaciones y a menudo solo goza de un acceso limitado a los servicios básicos. En el conjunto de la UE, el 19% de los niños se encuentran en riesgo de verse reducidos a la pobreza y uno de cada diez vive en hogares en los que no trabaja nadie.
La pobreza suele asociarse a los países en desarrollo. Pero la pobreza y la exclusión social también se dan en Europa. Quizás en menor medida, pero inaceptable. La pobreza y la exclusión de una sola persona equivalen a la pobreza de una sociedad en su conjunto.
Al hablar de exclusión social la definiremos como una situación de acumulación y combinación de factores de desventaja diversos, vinculadas a diferentes aspectos de la vida personal, social, cultural y política de los individuos.

Con todo esto sobre la mesa las reflexiones son numerosísimas.
Este, es un mundo global, pero lo único que se ha globalizado es la exclusión y el pensamiento único sin pararnos a pensar que estamos haciendo, donde vamos y que queremos de esta vida.
Por supuesto que no se puede ser utópico y pensar en una sociedad más igualitaria y más justa para las personas, ni ser consciente ni proteger el medio ambiente por que te pueden tachar de loco o Mesías.
En la sociedad actual se han dado unos factores para que la llama de la exclusión se avive. Transformaciones en la familia y unidades de convivencia hacen que la ruptura social sea más clara. El individualismo latente y excluyente y el aumento del número de personas mayores acrecientan la problemática.
El llamado Estado de Bienestar ha debilitado los lazos de unión entre familia, mayores y ayudas de la comunidad más próxima, como la vecindad. Estos hechos hacen que pilares básicos de ayudas primarias entre personas vayan sucumbiendo ante una sociedad individualista y desentendida.
Elementos subjetivos que aluden a la personalidad y a los sentimientos y a las relaciones humanas como el afecto, el amor, la comunicación, la confianza, la autoestima…. se van erosionando.
Tanto en los excluidos como los “incluidos” existe una perdida del sentido de la vida y una ausencia de expectativas y perdida de futuro.
El fenómeno de la exclusión social no es un episodio coyuntural y momentáneo, sino más bien un fenómeno estructural y duradero. Es importante que los individuos recobremos el sentido de la vida y superemos el vacío existencial. La exclusión social tiene un impacto muy negativo en nuestra organización social actual, siendo esta más vulnerable. Este golpe puede provocar en el cuerpo social profundas heridas, como la destrucción personal y familiar, falta de sentido de la vida, fracaso escolar, alcoholismo, drogadicción, racismo, xenofobia, desempleo, enfermedades mentales…….
Debemos ser conscientes de que todos podemos caer en situaciones de exclusión, pudiendo afectar a personas y colectivos muy diferentes. Esto no se da por supuesto de una manera instantánea, sino que sigue un proceso. El mundo de los excluidos es muy heterogéneo, complejo, incierto y desconcertante.
Esta sociedad consumista ha introducido la cultura del “usar y tirar” y esto mismo se aplica a la población. Los procesos sociales que amenazan a los excluidos van desde la persistente y creciente desigualdad social, pasando por la fragmentación social y desarraigo familiar y llegando a la destrucción personal. Solo prácticas solidarias hacen aliviar el dolor de la exclusión.
La medicina que debemos administrar, son servicios de proximidad, con presencia real, no abstractos y mecánicos. Ponerse en lugar de la otra persona, escucharla, dialogar y mostrar interés personal por el prójimo.
Las personas excluidas tienen su dignidad y por lo tanto, hay que devolvérsela. La intervención tiene que ser con sacrificio, con generosidad, con desinterés, con mucha paciencia, con mucho descentramiento de nosotros mismos, reconocer ampliamente esas vidas que están amenazadas, que nos guste o no tienen esa misma dignidad humana, con el agravante de que quizás, pese a los recursos que se dediquen, nunca salgan del infierno donde han caído.
Pese a ello hay que seguir invirtiendo en humanidad. Más allá de profesionales, proyectos y programas hay humanos y como tales, hemos de tratar a todo aquel que requiera de nuestra ayuda. Esta nueva realidad necesita una nueva intervención y un cambio de modelo. Como dicen algunos autores, hemos logrado mejorar nuestro nivel de vida pero no la calidad.
Nosotros pertenecemos a esa mínima parte de la población mundial (el 15%) que no siente la exclusión de la mayoría.
Las riquezas no se redistribuyen sino que caen en manos de unos pocos, normalmente, los más ricos.
Como nos dice Carmen Bel Adell, Profesora Titular de Geografía Humana de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, “no se puede acceder a los contextos de exclusión con la pretensión de superioridad moral o cultural de saberlo todo o de al menos de saber lo que el otro - ese otro que por excluido es ignorado y desconocido - necesita”. También es clave para acercarse a los excluidos esta otra frase “…es necesario sustituir el corazón de piedra por un corazón de carne que sienta…”

Importante para entender el contexto de marginación-exclusión, es entender que su realidad no es leída ni interpretada como la nuestra. Debemos acceder a los excluidos simplemente con sensibilidad y empatía, sin ver las cosas desde nuestra situación integrada y normalizada. Poco a poco sin ruido, y con mucha ternura, debemos profundizar en la condición humana.
Estamos, sin darnos cuenta, ante una situación nueva como es la exclusión expresada de múltiples formas. Debemos de tener una preocupación por el otro y exigir a la Administración el cuidado y protección de la comunidad, proporcionando estructuras más justas para la vida.
Ante estas situaciones de desamparo, abandono y exclusión que vemos día a día, existen alternativas. Como las propuestas de aprendizaje de trabajo social educativo para poder integrar e incluir y detener la degradación del medio ambiente físico (de la naturaleza que nos sustenta y mantiene).
Intensificar los esfuerzos para que se cambien las prioridades presupuestarias y se persigan objetivos de erradicación de la exclusión, elaborando estrategias, promoviendo la participación de la sociedad civil organizada y un plan integral que incluya y se proponga acabar con la exclusión.

La tarea no es fácil, pues la exclusión se genera más aprisa que los medios para superarla.

Colaborador Sociedad - Solucar Magazine: Giuseppe Salino.